Pese a estar en agenda permanente, en el Poder Judicial Argentino las relaciones de trabajo son impuestas y modificadas con baja participación de trabajadores.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 2012 viene realizando recomendaciones al gobierno argentino, relativa a la negociación colectiva en el ámbito del Poder Judicial.

Solo en el caso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que alcanzó en noviembre de 2015 el CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO PARA EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES luego de más de 10 años de impulso de la Asociación de Empleados del Poder judicial de la Ciudad (AEJBA), se ha hecho efectivo un instrumento de negociación colectiva pleno.

La Argentina es un estado miembro de la OIT y, como firmante de sus diferentes resoluciones, se hace responsable por la falta de cumplimiento de ellas.

Así en caso número 2.881, que fué iniciado a raíz de una denuncia de la Federación Judicial Argentina y la CTA, en mayo de 2011, por entender que no se está cumpliendo con normas constitucionales y convenios internacionales, como los Convenios 87 y 154 de la OIT, referidos a la negociación colectiva a la que tienen derecho los gremios.

En la denuncia, la FJA se queja porque en la mayoría de las provincias, los trabajadores del sistema judicial argentino no tienen garantizado el derecho a la negociación colectiva y tampoco cuentan con un convenio colectivo.  También denuncian que a la falta de convenio colectivo general para este sector, se le suma una intensa actividad unilateral del Estado nacional, los estados provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, avanzando en materias que deberían ser objeto de la negociación colectiva, tales como remuneraciones, condiciones de trabajo, etc. Es decir, que por vía de la imposición patronal se llega a una situación en la que los trabajadores se ven limitados a someterse a una suerte de contrato de adhesión, sin posibilidad de discutir absolutamente nada de manera colectiva.

La corte suprema a nivel nacional confunde su papel como titular de un Poder del Estado (el Judicial), con su rol en cuanto empleador en relación a sus dependientes: los empleados y empleadas judiciales. No debería extrañarnos esta posición, pues es la que prima en todos los titulares de los poderes judiciales del país, los tribunales superiores y cortes provinciales. De esta forma, alegan su “independencia” como poder del Estado.

Recomendaciones de la OIT:

El Comité de Libertad Sindical le recuerda al gobierno argentino (y por elevación, a la Corte Suprema), que en los trabajos preparatorios del Convenio Nº 151, quedó establecido que los magistrados del Poder Judicial no entran en el marco de aplicación de dicho Convenio. No obstante, dicho Convenio no excluye a los trabajadores auxiliares de los magistrados. Y que el Convenio Nº 154, ratificado por Argentina, dispone en su artículo 1º que sólo puede excluirse de su ámbito de aplicación a las Fuerzas Armadas y a la policía.

Asimismo, el Comité reconoce que este último Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y que en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio. En estas condiciones, las características del sector judicial pueden hacer necesario que la negociación colectiva sea objeto de modalidades particulares de aplicación (en particular en lo que respecta a salarios, ya que los presupuestos del Estado deben ser aprobados por el Parlamento), pero el Comité considera que los trabajadores auxiliares del Poder Judicial deben gozar del derecho de negociación colectiva.

Finalmente, el Comité de Libertad Sindical pide al Gobierno que, tal como lo dispone el artículo 5 del Convenio Nº 154, adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas.

Reciente presentación de un nuevo Proyecto de Ley

En un acto realizado en el Congreso de la Nación, ante más de un centenar de trabajadores judiciales, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSITRAJU) enrolada en la CGT y la Federación Judicial Argentina (FJA) enrolada en la- CTA Autónoma, informaron acerca del proyecto de ley para regular la negociación colectiva de los judiciales.

El objetivo principal de la norma es la constitución de una Comisión de Negociación Colectiva donde estén representados, por una parte, la totalidad de los estados provinciales, el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires y el Estado Nacional y por la otra parte los representantes de los sindicatos judiciales de todo el país.

EL PRIMER CONVENIO COLECTIVO PARA EL PODER JUDICIAL DE LA ARGENTINA, UNA CONQUISTA HISTÓRICA.

El viernes 6 de noviembre de 2015 en la ciudad de Buenos Aires y con el impulso de la AEJBA se concretó la firma del primer convenio colectivo de trabajo para los judiciales, en sus líneas iniciales expresa: “…Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo General de Trabajo acuerdan condiciones generales de trabajo del sector de empleo público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que se encuentra regulado por el Reglamento Interno aprobado por Res. CM N° 170/2014, que entrará en vigencia junto con la publicación del presente, con los alcances y límites establecidos en el presente. El convenio se formula a partir del reconocimiento que las partes se hacen mutuamente por la representación ejercida sobre los/las trabajadores/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el Consejo de la Magistratura, por ser la parte empleadora y quien organiza y dirige el servicio que brinda el Poder Judicial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y los sindicatos SITRAJU y AEJBA, en virtud de la representación sindical de los/las trabajadores judiciales por ellos ostentada. Se declara que la presente negociación se celebra en el fiel cumplimiento de los principios reconocidos por las Leyes Nros. 14.250 y 23.546, como son el principio de la buena fe y de información, y que sientan las bases del diálogo continuo a sostener y de las negociaciones futuras a realizar. Esto implica el compromiso que las partes asumen a concurrir a las reuniones que se concerten, designando negociadores con mandato suficiente y brindando a las partes la información necesaria para cada uno de los temas a abordar, con el fin de arribar a acuerdos equitativos y justos…”

A su tiempo la organización manifestó que la primera presentación se realizó por primera vez en el año 2004 y desde ahí en adelante, en todas las mesas de negociación salarial de todos los años incluíamos en el petitorio un ítem, ya clásico, que era el pedido Convenio Colectivo de Trabajo.

Desde esta óptica y en contraste con las recientes manifestaciones del Ministro de Justicia de la Nación respecto a la feria judicial, se evidencia que el reclamo de Negociación Colectiva muestra otro poder judicial, silenciado y ocultado, con relaciones de trabajo absolutamente verticales para el que debería ser, el más democrático de los poderes del estado.